Irregular construcción de viviendas sociales en la comuna de El Quisco:
Consejo de Defensa del Estado interpuso querella contra cinco personas por falsear antecedentes y sobrevalorar diez veces el precio de terrenos.por AUDÉNICO BARRÍA en EL MERCURIO del 20 de Junio de 2010
.- El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal por un nuevo fraude al fisco detectado en la V Región, en lo que va del año. La acción penal está dirigida en contra del ex alcalde DC de El Quisco José Carrasco Núñez, del ex director regional del Serviu (entre 1995 y 2000); del empresario Víctor Elicer y de los funcionarios municipales José Ugaldes Jamett y Gabriel Naranjo Sánchez.
Se les acusa de haber falsificado antecedentes para permitir que se construyeran 438 viviendas en terrenos que no reunían los requisitos para el emplazamiento de poblaciones, y que fueron vendidos al Serviu en un precio 10 veces superior al real.
El CDE señala que durante los años 2007 al 2009 -en el mandato del anterior gobierno- se desarrollaron en El Quisco los proyectos habitacionales Villa Marina I, Villa Marina II y Villa Padre Alvear, en los cuales se detectaron graves irregularidades orientadas a cometer fraude.
Entre ellas se señala que el municipio modificó irregularmente el uso de suelo para terrenos ubicados en la parte alta del balneario -los que estaban destinados sólo a áreas verdes-, para permitir allí la construcción de viviendas.
Luego, para lograr subsidios de localización, los presuntos implicados falsificaron antecedentes respecto de su ubicación e informaron que el emplazamiento estaba a prudente distancia de centros educacionales, de salud y de los medios de locomoción, cuando no era así.
Todo esto facilitó las cosas para que la Inmobiliaria Benanto S.A. vendiera al Serviu las 7 hectáreas -que no reunían los requisitos para que allí se construyeran las viviendas- en $913 millones 102 mil pesos, en circunstancias que los había comprado en 83 millones de pesos.
Más tarde, la constructora El Álamo, socia de Benanto, habilitó los terrenos, por lo cual el desembolso del fisco aumentó a 1.700 millones de pesos, suma que el CDE cuantifica como el monto de dinero defraudado.
El seremi de Vivienda Matías Avsolomovich señaló que se han abordado dos frentes de acción: uno destinado a la persecución penal de los responsables y el otro orientado a sanear la situación para que las familias que esperan sus viviendas las tengan lo antes posible.
El intendente Raúl Celis, en tanto, señaló que este es el segundo fraude que sacude a la V Región en los últimos dos meses, ya que se investiga la sustracción de otros $1.500 millones desde el gobierno regional. "Con esos 3 mil millones de pesos habríamos podido financiar las reparaciones de daños que dejó el terremoto", dijo.
A lo anterior se suma que, entre los años 2004 y 2005, se produjo una seguidilla de fraudes mediante el desvío de fondos de programas de empleo a campañas políticas, por unos $39 millones.
El ex director del Serviu Alberto Ramírez aseguró que él no participó del fraude y que sólo dio apoyo a los pobladores a través de una Egis.
UF 87.600 pagó el Serviu en forma adicional como premio por la ubicación de los terrenos, demostrada con datos falsos.
$803 millones fueron pagados por el Serviu por la habilitación de los terrenos, que no reunían los requisitos para construir viviendas.
VALPARAÍSO.- El Ministerio Público investiga los vínculos que tuvo el arquitecto René Cerda López, quien fue encontrado muerto en su vivienda de Jardín del Mar, a fines de marzo, con los funcionarios del gobierno regional de Valparaíso, que perpetraron un fraude cuyo monto se estima en unos mil 500 millones de pesos.
Esto, luego que se estableciera que dos de los 17 cheques que se usaron en el fraude fueron girados a su nombre.
El Fiscal Regional, Jorge Abbott, dijo ayer que el informe de la PDI establece que Cerda López se suicidó, descartando la intervención de terceros, y que efectivamente "hay documentos vinculados al señor Cerda".
Abbott explicó que hay una línea de investigación destinada a establecer si el dinero defraudado fue desviado a campañas políticas, pero aclaró que "hasta ahora no hay antecedentes que lo confirmen".
Consultado respecto de próximas formalizaciones de cargos a quienes aparecen imputados por el fraude, indicó que "en el mediano plazo, eventualmente, podríamos estar tomando algunas decisiones respecto de personas que han tenido participación en estos hechos".
Añadió que se está trabajando en la cuantificación exacta del dinero defraudado.
"Es un proceso bastante complejo poder determinarlo, pero estamos haciendo un levantamiento respecto de una cantidad importante de proyectos que hay que revisarlos para ver si son proyectos que se realizaron o no", manifestó el fiscal.
Entre ellas se señala que el municipio modificó irregularmente el uso de suelo para terrenos ubicados en la parte alta del balneario -los que estaban destinados sólo a áreas verdes-, para permitir allí la construcción de viviendas.
Luego, para lograr subsidios de localización, los presuntos implicados falsificaron antecedentes respecto de su ubicación e informaron que el emplazamiento estaba a prudente distancia de centros educacionales, de salud y de los medios de locomoción, cuando no era así.
Todo esto facilitó las cosas para que la Inmobiliaria Benanto S.A. vendiera al Serviu las 7 hectáreas -que no reunían los requisitos para que allí se construyeran las viviendas- en $913 millones 102 mil pesos, en circunstancias que los había comprado en 83 millones de pesos.
Más tarde, la constructora El Álamo, socia de Benanto, habilitó los terrenos, por lo cual el desembolso del fisco aumentó a 1.700 millones de pesos, suma que el CDE cuantifica como el monto de dinero defraudado.
El seremi de Vivienda Matías Avsolomovich señaló que se han abordado dos frentes de acción: uno destinado a la persecución penal de los responsables y el otro orientado a sanear la situación para que las familias que esperan sus viviendas las tengan lo antes posible.
El intendente Raúl Celis, en tanto, señaló que este es el segundo fraude que sacude a la V Región en los últimos dos meses, ya que se investiga la sustracción de otros $1.500 millones desde el gobierno regional. "Con esos 3 mil millones de pesos habríamos podido financiar las reparaciones de daños que dejó el terremoto", dijo.
A lo anterior se suma que, entre los años 2004 y 2005, se produjo una seguidilla de fraudes mediante el desvío de fondos de programas de empleo a campañas políticas, por unos $39 millones.
El ex director del Serviu Alberto Ramírez aseguró que él no participó del fraude y que sólo dio apoyo a los pobladores a través de una Egis.
UF 87.600 pagó el Serviu en forma adicional como premio por la ubicación de los terrenos, demostrada con datos falsos.
$803 millones fueron pagados por el Serviu por la habilitación de los terrenos, que no reunían los requisitos para construir viviendas.
Investigan cheques girados a arquitecto que apareció muerto
Esto, luego que se estableciera que dos de los 17 cheques que se usaron en el fraude fueron girados a su nombre.
El Fiscal Regional, Jorge Abbott, dijo ayer que el informe de la PDI establece que Cerda López se suicidó, descartando la intervención de terceros, y que efectivamente "hay documentos vinculados al señor Cerda".
Abbott explicó que hay una línea de investigación destinada a establecer si el dinero defraudado fue desviado a campañas políticas, pero aclaró que "hasta ahora no hay antecedentes que lo confirmen".
Consultado respecto de próximas formalizaciones de cargos a quienes aparecen imputados por el fraude, indicó que "en el mediano plazo, eventualmente, podríamos estar tomando algunas decisiones respecto de personas que han tenido participación en estos hechos".
Añadió que se está trabajando en la cuantificación exacta del dinero defraudado.
"Es un proceso bastante complejo poder determinarlo, pero estamos haciendo un levantamiento respecto de una cantidad importante de proyectos que hay que revisarlos para ver si son proyectos que se realizaron o no", manifestó el fiscal.
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